En un reciente debate del programa Hora 20 Caracol (oír),
Alfredo Rangel expresó la siguiente opinión: “… no es igual que haya un des
escalamiento y una disminución de la
violencia en Colombia como sucedido durante los 8 años de gobierno del
presidente Uribe (…) a este momento donde están subiendo esos atentados y se
está escalando el conflicto”. Esta frase fue utilizada por el panelista para
desprestigiar el proceso de paz que adelante el gobierno nacional, advirtiendo
la oleada de violencia que se avecina por una supuesta baja de guardia militar
(aun cuando el Presidente ha insistido cese de operativos del ejército y la
policía).
Me gustaría aprovechar esta entrada para reflexionar sobre algunas
cifras de la violencia política en Colombia durante los años de gobierno de
Álvaro Uribe Vélez. Quisiera con ello
constatar o cuestionar si el modelo guerrerista ofertado por 8 años es
realmente un esquema alternativo al camino del diálogo con la insurgencia. La
pregunta es si la Seguridad Democrática
ha sido realmente eficaz en cumplir el objetivo de pacificar el país. Los
siguientes párrafos son solo un abrebocas, sin duda insuficiente para dar una
respuesta del todo concluyente.
Gráfica 1. Gasto Militar en
Colombia en USD de 2010
Fuente: SIPRI
Military Expenditure Database, 2012
La Gráfica 1 muestra el crecimiento Gasto Militar en Colombia durante
las últimas dos décadas. Cuando se contrastan estas cifras con la reducción de las
acciones de los grupos armados ilegales (desde 2006), del homicidio en el país
y de las tasas de desplazamiento (ver Gráfica 2), se vuelve muy atractivo el
concluir que las políticas armamentistas son efectivas para reducir la
violencia. Y en términos absolutos si lo son; entre 2002 y 2010 las muertes violentas
se redujeron en casi 50% y las expulsiones de familias de sus hogares en cerca
de 70%. Sin embargo estas cifras no nos dicen mucho sobre el tipo o modelo de
paz potencialmente alcanzable.
Gráfica2. Dinámica del
Conflicto Armado Colombia 1998-2010
Fuente: Observatorio del
Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República y Policía
Nacional
Los datos de la Gráfica 3 reflejan, por su parte, algunas
características observables del mercado de la hoja de coca en Colombia, o, si
se quiere, del primer eslabón de la cadena del narcotráfico en el país. Saltan
a la vista algunos resultados interesantes. Por ejemplo, si bien el aumento del
gasto militar entre 2002 y 2010 fue de 57%, la disminución de cultivos de este ilícito
durante el mismo periodo fue de 37%. Este podría explicarse, sin embargo, por
las dificultades crecientes (en términos de costos) inmersas en la
erradicación, asociadas a fenómenos como la atomización de las áreas sembradas
(menor densidad de área sembrada por hectárea a fin de dificultar la detección). Debe además tenerse en cuenta que los
operativos de la Fuerza Pública no se centran exclusivamente en la
erradicación.
Gráfica 3. Datos sobre
cultivo y precios de coca en Colombia
Fuente: Oficina
de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, UNODC,
2011
La línea roja, sin embargo, permite contar otra
historia. Según los censos de la coca reportados por Naciones Unidas, “…El
coeficiente de Gini, superior a 0.96, confirma la tendencia a la persistencia
de núcleos de cultivos de coca en las mismas zonas durante toda la serie censal
(2001-2011)” (UNODC, 2011, pág. 27). Es decir, durante
la década que gobernó el ex presidente Uribe, el epicentro de siembra de los
narcotraficantes permaneció inalterado en alrededor del 15% del territorio. De
hecho las fluctuaciones en precios (línea verde), reflejo de la estabilidad de
un mercado, reiteran una situación de poca variabilidad en el tiempo.
Después de 8 años de guerra y de una inversión militar importante, el negocio
sigue casi intacto.
A partir de ello vale la pena repensar las cifras de la Gráfica 2.
De acuerdo al investigador de la Universidad de Yale, Stathis
Kalyvas, “…la violencia selectiva contra la sociedad civil es una estrategia
central de todo conflicto armado…” (2000, pág. 27). Esto quiere decir
que gran parte de los métodos violentos en una confrontación distan de ser
indiscriminados (o no planeados), y que por ende la conquista territorial de un
grupo alzado en armas sobre su adversario viene acompañada de una reducción de tasas
de criminalidad (además porque el crimen sin fines estratégicos genera una
exposición innecesaria a la judialización). Desde tal perspectiva el repunte
del desplazamiento forzoso en 2007 podría indicar la conclusión de una campaña de
expropiación de tierras a civiles con un propósito definido. Y según lo sugiere
un informe oficial del gobierno de principios de 2010, esta meta esta
relacionada con el narcotráfico:
“… Si bien en el año 2002 el desplazamiento fue intenso en toda la
geografía colombiana, en los últimos tres años se ha trasladado a las zonas
periféricas y de frontera con una alta presencia de cultivos ilícitos (…) A su
vez, las autodefensas ilegales consolidaban su presencia a través de masacres,
homicidios selectivos, desapariciones forzadas y otras acciones intimidatorias
que buscaban imponer un control social sobre poblaciones de influencia
guerrillera y ubicadas en zonas de cultivos ilícitos y corredores estratégicos,
particularmente en el norte, centro y oriente del país…” (Acción Social, 2010, pág. 3)
De lo anterior surgen, a mi juicio, dos posibles hipótesis. La
primera, y más optimista, es que el gasto militar ha sido eficiente en combatir
la violencia de la insurgencia y el terrorismo, pero insuficiente para que el
ejército colombiano pueda contener de manera efectiva las finanzas de los
criminales. La segunda es que ha habido una complicidad sistemática entre el
gobierno y los narcotraficantes para proteger los cultivos de la mafia. Bajo
esta óptica los homicidios se redujeron como producto de la conquista
territorial de los señores de la guerra y
el desplazamiento forzoso ha sido utilizado como una estrategia de conquista
geográfica sobre corredores estratégicos de la coca. Para constatarlo habría que
seguir revisando la evidencia judicial de la Parapolítica, la cual incluye la firma de acuerdos ilegales entre
políticos y paramilitares (ver
sobre el Pacto de Ralito) para cooptar gobiernos municipales y departamentales.
Sea cual sea la respuesta, la conclusión es que el modelo
guerrerista que nos ofreció el presidente Uribe implica una paz a medias. En el
escenario optimista, porque el gasto militar excesivo fue insuficiente para
cumplir la meta de la pacificación absoluta del país. En el más pesimista, porque
implica una pacificación alejada de la democracia y alineada con los intereses
tácitos del narcotráfico. En últimas no tenemos un buen ejemplo de una alternativa
palpable al diálogo. Y si bien siguen habiendo muchas razones para ser escépticos
y para continuar el debate frente a como dar fin al conflicto armado en
Colombia, es importante descartar viejos sofismas, como el de la seguridad,
para así poder dilucidar con más claridad el horizonte.
Referencias
Acción Social.
(2010). Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá: Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.
Stathis,
K. N. (2000). The logic of violence in Civil War. New York: Department
of Politics, New York University.
UNODC.
(2011). Censos de Cultivo de Coca. Bogotá: Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito.
