La propuesta de reforma a la ley 30 de 1992 ha propiciado quizás el hito social de la primera década del siglo XXI. La plaza de Bolívar atestada de estudiantes (ver) genera cierto sentimiento de nostalgia entre quienes presenciaron manifestaciones similares hace más de 40 años. Y es cierto; sea cual sea el trasfondo, y a pesar de los daños materiales causados por los protestantes (ver), es difícil negar la conmovedora imagen de miles de jóvenes que por unos días cambiaron Facebook, Yo Me Llamo y la cerveza para luchar por una causa mayor. Eso es democracia.
Entrando ya en su contenido, creo yo que la respuesta al debate depende del contexto dentro del cual sea librado. Y esto lo han comprendido bien algunos críticos de la reforma. El profesor Mario Hernández Álvarez, de la Universidad Nacional, lo ha expuesto claramente: debemos preguntarnos en qué tipo de sociedad queremos vivir (ver). La opción oscila entre la sociedad competitiva y aquella regida por los derechos. Y aun cuando creo que la diferencia entre ambos escenarios no es tan tajante ni excluyente, es una distinción interesante en torno a la cual centrar la discusión.
Iniciemos como es debido: leyendo la Ley y su propuesta de reforma, paso natural que seguramente muchos han omitido. Y concentrémonos en el aspecto de la financiación, punto, según mi parecer, que enmarca la globalidad de la controversia. La Ley 30 de 1992 señala:
Artículo 86: Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993.
Y la propuesta es:
A partir del año 2012 y hasta el 2014 la Nación asignará recursos adicionales al Ministerio de Educación Nacional para que sean distribuidos entre las Instituciones de Educación Superior públicas, según el grado de complejidad de las instituciones. Estos recursos estarán destinados a financiar:
a) La generación de nuevos cupos teniendo en cuenta el área del conocimiento, y el nivel y la metodología del programa respectivo, así como los programas de regionalización y presencia en zonas de frontera.
b) El reconocimiento de la productividad académica de los docentes.
c) La formación del recurso docente.
d) La promoción de la investigación y la innovación
En otras palabras, se presentan dos modelos antagónicos de financiación. El primero obedece a un esquema de subsidio no condicionado a la oferta de educación pública, óptica desde la cual la universidad tiene importancia por si misma y así su asignación presupuestal anual. La propuesta de reforma, por su parte, se centra en condicionar el presupuesto universitario a la demanda, visión que exige pensar en presupuestos y grados de importancia diferenciados según capacidades. La explicación de tal lógica se centra en el principio de competencia y sus virtudes para concentrar estudiantes (y presupuesto) en centros educativos más consolidados en cuanto a la calidad de su formación. Los críticos dudan de la deidad del mercado y, por el contrario, pronostican la agudización de brechas de educación.
Sin embargo, soy insistente en que los debates ideológicos deben alimentarse de hechos concretos, realidades observables y diagnósticos sociales solidos. Y por ende pongo sobre la mesa algunos elementos de reflexión que nos permiten focalizar mejor el debate. Por ejemplo, el hecho que en los últimos años los recursos a la educación público se hayan reducido sustancialmente (ver). Que a pesar de que existen críticas a la ineficiencia y la poca calidad de las universidades públicas (ver) no es muy claro que los centros privados les lleven algún tipo de ventaja (ver). Que el nivel de investigación en Colombia es irrisorio en comparación al de la región latinoamericana (ver). En cuanto a cuestiones más macro, que si bien es cierto que la competitividad (la cual tienen un nexo con la productividad) es importante para alcanzar metas económicas del país (ver), no puede perderse de horizonte el hecho que hoy nos encontremos dentro de las naciones más desiguales del planeta (ver).
Si bien ambas posturas guardan coherencia teórica, debemos preguntarnos en qué sociedad queremos vivir, sin por ello ignorar el condicionante que nos impone el pragmatismo: ¿en qué mundo vivimos? El reto es sopesar hasta que punto podemos fijar esquemas de vanguardia y hasta que otro podemos desconocer como país nuestra inevitable incursión en el mundo económico globalizado. Un mundo de derechos exige cobertura y acceso, mientras que un mundo de competencia se centra en la calidad. Y con ello no quiero desconocer que los derechos requieren calidad ni insinuar que la competencia deba ser excluyente. Solo creo que debemos reflexionarlo bastante, pues no es un tema irrelevante. Y por lo pronto aplaudo a los estudiantes pues a pesar de inconvenientes menores nos han puesto a todos a pensar (a diferencia de personajes siniestros como este).
