domingo, 10 de abril de 2011

Reforma a la educación

Como se anuncia en los medios de comunicación, la propuesta a la reforma de la ley 30 de 1992 inquietó a distintos sectores de la sociedad. La protesta es una herramienta democrática legítima y valiosa. Hay que aplaudir el civismo de los manifestantes, quienes marcharon pacíficamente haciendo sentir su opinión. En definitiva, es un ejemplo para un país donde nos dejamos “meter muchos goles” por parte de la clase dirigente.


Sin embargo, me gustaría disentir de algunas de las motivaciones de la marcha. Y para ello expongo una evidencia que a mi juicio es tajante e ilustrativa (ver).


Participación de la producción académica colombiana en el mundo y en América Latina (1996-2008)

Fuente: Lis, 2010


Basta leer un texto introductorio de macro economía para percatarse de la estrecha relación que existe ente la innovación y la prosperidad económica de un país (ver). Las ideas son el activo más grande con las que cuenta una sociedad. Los países más ricos del mundo son aquellos que aglutinan ideas y no los que amontonan recursos perecederos. Por ello, el hecho que Colombia tenga una participación cercana a 0 (línea roja) en el total de la producción académica mundial, y menor al 5% en la de la región (línea azul), debe ser más alarmante que el debate inocuo entre la educación pública y la educación privada.


Debe llamar también la atención la alta cifra de la deserción universitaria a nivel nacional, la cual colinda con resultados espeluznantes del 45% (ver). Uno de los determinantes del abandono es el costo de oportunidad que implica estudiar en institución de mala calidad (ver) la cual, con un alto de grado de certeza, transmite competencias poco útiles para el mercado laboral. El mensaje es claro: no es solo un tema de cobertura; en nuestro sistema los jóvenes no quieren estudiar.


¿Cuál es entonces el punto de defender tal status quo? ¿Resulta relevante pensar en términos de la satanizada amenaza de la privatización? En mi opinión la receta es clara: mayor inversión privada e intervención fuerte del Estado en temas de contenido, abuso de precios de matrícula y evaluación del cuerpo docente (lo cual, de hecho, es una virtud importante del proyecto de ley) entre otros. Es un debate importante y que se tiene que dar. Pero debe hablarse en los términos que son dejando a un lado mitos y argumentos políticos de vanguardia. La educación sin calidad es socialmente costosa.